Real Orden por la que se establece un registro público para toda la península e islas adyacentes al que estarán sujetos los actos civiles, judiciales o extrajudiciales y han de pagar un derecho fijo o proporcional, según al tipo de acto que pertenezcan.
Orden de la Regencia del Reino por la que se comunica que en los pueblos de señorío que antes eran pedáneos administren la justicia los alcaldes constitucionales.